Mesero, una copa rota.

Hace unos días conocí de un terrible caso de discriminación laboral que deseo compartir por sus implicaciones. No conozco estadísticas respecto de la discriminación laboral en nuestro país; pero seguro que debe ser alta. Debemos tomar en cuenta que por discriminación laboral se entiende tanto cuando el trabajador está prestando el servicio como también cuando una persona busca empleo.

Así lo concibe nuestra Constitución cuando hace referencia al derecho al trabajo en su artículo 62.5, que prohíbe toda discriminación para acceder al empleo y durante la prestación del servicio. Claro, hay que resaltar que conjuntamente con el derecho al trabajo está la libertad de empresa que implica la libertad para contratar que tienen los empresarios. Así que cuando coliden estos derechos habrá que acudir al juez constitucional para que dirima el conflicto.

En todo caso, la situación de la que tengo conocimiento se trata de un deportado que estuvo laborando por 2 meses como mesero y fue desahuciado por su empleador cuando le presentó el certificado de antecedentes penales.

Hay que reseñar que en nuestro país es una práctica común de las empresas la de exigir como requisitos de contratación certificados de antecedentes penales, pruebas médicas referentes al uso de alcohol, drogas y sobre enfermedades de transmisión sexual.  Sobre tal práctica puntualizo lo siguiente:

• En general, esta práctica de las empresas, que quizás desde una perspectiva empresarial tenga sus razones de validez, tiene el gran problema de que es discriminatoria y tiene que cesar si queremos lograr una sociedad más justa. Y es que la generalización de esta práctica conlleva a que personas que se vean afectadas por alguna de las condiciones indicadas en el párrafo anterior se abstengan de conseguir algún empleo porque de por sí saben que no pasarán las pruebas para su empleabilidad y por tanto ya están marginados, aumentando la contrariedad social.

• En particular, y aquí concretizo respecto al caso de mi conocimiento, este tipo de práctica empresarial es una prueba más de por qué las ideologías RE han fallado. Las ideologías de reformación, rehabilitación, etc. que en cierto modo legitiman el sistema de prisiones no solo falla porque las cárceles endurecen a quienes delinquen sino también por los estigmas sociales que el Estado no busca disminuir para evitar que los ex presidarios puedan conseguir empleo y “reinsertarse en la sociedad”. Cuando la sociedad le niega el acceso a empleo a todo aquel con un antecedente penal, está sentando las bases para un mayor enfrentamiento social y sin dudas obligando a los ex reclusos a retomar las actividades delictivas por no tener oportunidades de desarrollo.

Lamentablemente la persona afectada en este caso no quiso dilucidar su caso ante los juzgados, al igual que muchos otros que también lo son. Sería saludable que estos casos llegaran a instancias judiciales pues esto generaría el debate en la sociedad y nos permitiría conocer la opinión jurídica de los tribunales. Espero que al menos uno de estos casos alcance al Tribunal Constitucional, pues al margen de la sociedad hay todavía más conflictos.