El problema de los 43

La historia es el archivo, la configuración de lo que somos y dejamos de ser, en tanto que lo actual es el esbozo de lo que estamos siendo.

Miguel Morey.-

A mediados del mes de febrero, en plena campaña electoral –no me importa lo que resuelva la Junta Central Electoral, para mí estamos en campaña desde noviembre del año 2010- se desató un escándalo muy terrible e infame. El abogado y comunicador Marcos Martínez en su programa televisivo denunció que la Primera Dama de la República tiene una cuenta bancaria en una sucursal de una entidad financiera de Dinamarca con la suma de 43 millones de euros.

Sin lugar a dudas, esta revelación causó bríos en los medios de comunicación y trajo consigo una oleada de reacciones de diferentes sectores de la sociedad quisqueyana. La Primera Dama, Margarita Cedeño de Fernández –y de ahora en adelante, con el respeto que se le debe, doña Margó- lloró, se declaró pobre,se defendió de las acusaciones y amenazó con someter a la justicia al comunicador por su denuncia difamatoria y contentiva de injurias graves.

Y en efecto, doña Margó sometió al señor Marcos Martínez por falsificación de documentos provocando una nueva oleada de noticias en los medios de comunicación. Dentro de los próximos meses sabremos lo que ocurre en el proceso judicial al que se le dará curso.

Hay que señalar que como era de esperarse, el bando oficialista defendió a raja tablas a la Primera Dama y candidata a la Vicepresidencia de la República. Los “opositores” del gobierno se desligaron de la denuncia ya que el partido de gobierno los acusó de hacer campaña sucia; mientras que otra parte de la sociedad admiraba el espectáculo ridículo en el que se bamboleaban los funcionarios, empresarios y lambones acreditados.

El torbellino causado por la denuncia tan solo duró 2 días, puesto que la prensa filtró una información que hoy día no está tan clara y es igual o más grave: La instalación de un puesto militar en la Isla Saona. Esto sin dudas, desvió la atención de la ciudadanía, como sí los medios de comunicación estuviesen todos combinados para que esto pasara. En consecuencia, al día de hoy este asunto ya está prácticamente olvidado.

Ahora bien, lo que pretendo compartir es algo que tal vez muchos han pasado por alto y que lacera terriblemente nuestro supuesto Estado de Derecho. Se trata del apoyo oficial ofrecido a la Primera Dama por parte del Ministerio Público y otros sectores del gobierno.

El Procurador General de la República, manifestó su apoyo incondicional a doña Margó y calificó de violencia de género las informaciones reveladas por el señor Marcos Martínez. Esta declaración es sumamente grave por dos motivos:

1.- De entrada todos ya sabíamos que habría una intervención directa del Ministerio Público cuando no era competente, toda vez que el delito por el cual debería ser acusado Marcos Martínez –en principio- es por difamación e injuria y en consecuencia, al tenor del Código Procesal Penal se trataría de una acción privada.

2.- El Código Procesal Penal, impone al Ministerio Público realizar de oficio la persecución de los hechos punibles que tenga conocimiento. De ahí que todas las denuncias hechas por los periodistas sobre corrupción, en principio, deberían ser investigadas por este. En este caso, lo correcto debió ser que el Ministerio Público indagara con el periodista y si considera que son documentos veraces, entonces empezar una investigación en lugar de balancearse contra el periodista sin antes haber sido apoderado por un querellante.

En un caso como este, que ha tenido tanto impacto en los medios de comunicación, se resalta la inoperatividad del departamento del Ministerio Público encargado de investigar los casos de corrupción administrativa. Doña Margó sigue siendo ciudadana. Ser Primera Dama no la hace inmune de investigaciones del MP.

La realidad debió ser: Un Ministerio Público investigando el patrimonio de la Primera Dama y sobre las supuestas cuentas que esta tiene; mientras que Doña Margó, por sentirse injuriada y difamada, sometiendo al señor Martínez mediante el ejercicio de una acción privada.

Al Procurador descartar las informaciones denunciadas por el señor Martínez, no fue más que derrumbar la presunción de inocencia sin una debida investigación. Al mismo tiempo, el efecto comunicativo de su manifestación tiene dos vertientes: por una parte, muestra el lado gubernamental contrario al Estado de Derecho que la propaganda oficialista se harta de decirnos que vivimos; mientras que por otra parte, la declaración del Procurador clasifica a los ciudadanos en respetables y escorias, al no fungir su rol y ordenar una pesquisa sobre doña Margó, ciudadana común.

Debo señalar, para concluir, que si bien es cierto que las declaraciones del Procurador General de la República fueron muy desacertadas y dañinas para el Estado de Derecho; no menos cierto es que sucedió algo aún más grave y que ha pasado totalmente desapercibido: El silencio del Congreso Nacional ante semejante espectáculo.

Por eso, viene la interrogante de siempre: ¿Interpelar? ¿Con qué se come eso? “Checks and balances”  o sistema de frenos y contrapesos, ¿para qué la Constitución establece eso?